Redacción| Ante el fracaso del decreto presidencial para prohibir los vaporizadores, México debe avanzar en la definición de una regulación exclusiva para la producción, distribución y venta de dichos dispositivos, pues las políticas prohibicionistas han detonado un riesgoso “mercado negro”, donde más del 90 por ciento de los aparatos son peligrosos y de fácil acceso para menores de edad, afirmó el diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Barrera Sepúlveda.
Así, durante su intervención en el pleno de la Cámara de Diputados, el legislador no escatimó en sostener que, a casi un año del decreto presidencial que se expidió para prohibir la venta de vaporizadores, no existe evidencia alguna de que la disposición haya revertido el consumo de los dispositivos, pues ocurrió todo lo contrario y, sobre todo, a través de canales ilícitos y accesibles para niños y adolescentes.
Incluso, el legislador aseguró que la medida arbitraria del Ejecutivo Federal les cortó de tajo a todas aquellas personas que buscan dejar el consumo de cigarros convencionales la posibilidad de acceder a una alternativa científicamente comprobada, pues en países como Nueva Zelanda, Francia, el Reino Unido y Canadá los vaporizadores son utilizados en políticas públicas para combatir el tabaquismo.
“La prohibición de los cigarrillos electrónicos impide a las personas que fuman cigarrillos de combustión, es decir, de tabaco, que puedan tener una alternativa para que puedan dejar de hacerlo y eso pues hace que estén a expensas de algo que sería menos dañino y que en otros países, inclusive ya está regulado, porque uno de cada 20 aparatos que hoy en día están en las calles y que todas y todos hemos visto, son seguros, los otros 19 son dañinos y están en peligro y al acceso de los menores de edad”, comentó el diputado.
En este sentido, el representante ciudadano Sergio Barrera, presentó de nuevo la iniciativa para regular los cigarrillos electrónicos conocidos como “vapeadores” en vez de prohibirse. A un año del decreto para prohibirlos, no hay evidencia de que se redujo el consumo. Además, se estima que paso de 1.5 millones de consumidores en 2021 a cerca de 4 millones entre 2022 y 2023.
El representante por el distrito XIII de Zapopan, Jalisco, insistió en que la salud de quienes consumen estos dispositivos en el mercado ilegal se encuentra en riesgo, toda vez que, al no estar regulados, no hay información que dé cuenta de las sustancias que se utilizan para su fabricación.
Afirmó que aun y cuando la política del Presidente López Obrador había sido “prohibido prohibir”, en el caso de los vapeadores se optó por la opción de cerrar la puerta a su regulación, pensando que con ello se iba a inhibir el consumo.
Sergio Barrera también denunció que, ante la falta de argumentos fehacientes que soporten la prohibición de los vapeadores, frente a la regulación del cigarro convencional y el consumo de tabaco a combustión, la Cofepris, ha optado por usar argumentos vertidos en programas como la “Rosa de Guadalupe”. Es decir, que los argumentos en contra de la regulación de parte de la autoridad carecen de rigor científico.
“Esta es la segunda vez que presento esta iniciativa porque ya vimos que cerrando los ojos al problema, éste no se resuelve por arte de magia. De ninguna manera se trata de promover el uso de vapeadores, se trata de asumir que ya existe un amplísimo número de personas que los utiliza, que hoy los consigue en el mercado negro y que no por la prohibición lo ha dejado de consumir. Por eso es mejor regular, así quien decida utilizar estos dispositivos podrá saber a ciencia cierta cuál es el daño que le causa a su salud y cuáles son las sustancias que lo componen, así como quién y en dónde se fabrica”, concluyó Barrera.
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